Ecuador es el país latinoamericano que más población refugiada recibe, en su mayoría de origen colombiano. Del total de la población refugiada en Ecuador, el 60% se traslada a centros urbanos en búsqueda de mejores oportunidades y Quito es la ciudad de mayor concentración.

La influencia de la globalización y el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TICs) han sobrepasado los escenarios tradicionales de la comunicación, es decir, tanto los canales como las relaciones entre emisor y receptor se han transformado.

A continuación le presentamos algunos términos y artículos de la Constitución ecuatoriana que hace referencia al buen trato y apoyo a quienes por diversas situaciones se convierten en migrantes en nuestro país:

 

 1) Procedimiento de Asilo: En Ecuador la decisión de reconocer a una persona como refugiada es única y exclusiva del Estado ecuatoriano a través de una Comisión de Elegibilidad. Esta comisión está integrada por un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, uno del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, y un representante del Ministerio de Interior. ACNUR participa con voz pero sin voto.

2) Refugiado /a: Es toda persona que huye de su país a causa de un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social y que no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país. O que careciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país de residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él.

 

 3) Migrante: El migrante económico abandona su país de origen de manera voluntaria para buscar una vida mejor, por motivos económicos o de otra índole. En caso de que un migrante económico decida volver a su país, esa persona sabe que lo puede hacer porque su vida no corre peligro y porque su libertad y seguridad no están amenazadas.

Sin embargo, un refugiado huye de su país de origen forzosamente, para preservar su vida y la de su familia. Por ello, no es posible su retorno al país de origen.

4) La Constitución de la República del Ecuador manda lo siguiente:

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:

 

Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.

 

Art. 9.- Derechos y deberes

Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución.

 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento.

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades.

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley.

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento.

Esta publicación es un aporte a la comunidad de CAPEIPI, en trabajo conjunto a la Responsabilidad Social que lidera la Fundación Ambiente y Sociedad en Ecuador. La información aquí vertida, hace referencia a la aquella entregada por FAS a CAPEIPI. Para mayores detalles, se deberá consultar a los organismos oficiales según corresponda.