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Las PYMES se benefician con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1031

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) son las más golpeadas, como consecuencia de la cuarentena provocada por el Covid-19, con pérdidas de más de USD 5 millones diarios, según lo reveló el titular de la CAPEIPI, Gustavo Ruiz Paulsen en una entrevista con el periodista, Diego Oquendo. El gremio que representa a 1400 empresas de ocho sectores productivos ha sido uno de los más propositivos con el Gobierno. El 20 de marzo de 2020, a través de una carta dirigida al presidente Lenín Moreno, se solicitó el diferimiento de algunas obligaciones, entre ellas, el pago del impuesto a la renta.

Hasta esta semana, nada de lo propuesto ha tenido luz verde. Por el contrario, en las decisiones adoptadas por las autoridades gubernamentales en materia tributaria, se excluía a las PYMES. Por ejemplo, con el Decreto No. 1021 emitido a finales de marzo, únicamente las microempresas, negocios de Galápagos, líneas aéreas, turismo, sector agrícola y exportadores se beneficiaban del diferimiento sin intereses del pago del impuesto a la renta.

Ante esa exclusión las autoridades de la Cámara iniciaron acciones para que también se considere a las pequeñas y mediana empresas que son las que generan la mayor cantidad de fuentes de empleo en el país. Fruto de esta gestión, el lunes 04 de mayo, se emitió el Decreto No. 1031 que resuelve ampliar los sectores productivos beneficiados con el diferimiento de sus obligaciones.

A través de un único artículo, el Decreto determina:

“Podrán acogerse a las disposiciones contenidas en el artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 1021 (…) las pequeñas o medianas empresas de cualquier actividad económica”.
Así como, se establece salvedad para aquellas empresas que pertenecen a la rama de servicios financieros, excepto las de seguros y de fondos de pensiones.
 
El Impuesto a la Renta de sociedades del ejercicio fiscal 2019, y el IVA a pagarse en abril, mayo y junio de 2020, será cubierto en seis pagos durante el año 2020: dos pagos del 10% y cuatro del 20% del impuesto a pagar, conforme al noveno dígito del RUC.
 
También se contempla extensión para el pago del impuesto anual sobre la propiedad de vehículos motorizados. Si los vencimientos corresponden a los meses de marzo y abril, los contribuyentes podrán cubrir sus obligaciones en los meses de junio y julio de este año.